La defraudación a la Educación en el departamento de Córdoba, tiene las mismas características del nefastamente escándalo de Foncolpuertos.

En uno y otro caso los empleados, abogados y jueces se unieron para organizar bandas delincuenciales con el único propósito de defraudar al Estado.

En el caso de Foncolpuertos, los trabajadores de la entonces liquidada Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), especialmente los dirigentes sindicales que gozaban de permisos remunerados permanentes, falsificaron documentos que, con la complacencia de funcionarios del Ministerio del Trabajo y de los jueces laborales, con apoderados judiciales que terminaron en la cárcel o huyendo del país, lograron que les hiciesen efectivas reclamaciones a las que no tenían derecho, como se pudo comprobar después.

Hoy, en el departamento de Córdoba sucede algo similar. Por lo pronto, las investigaciones coordinadas por un fiscal del Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia, adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales, permitieron la captura de 17 personas que al parecer habrían participado en la comisión de irregularidades para el pago o reajuste de pensiones a los educadores en el departamento de Córdoba.

En este caso se pudo establecer que durante los años 210,2011 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual los abogados demandantes allegaban dichas demandas con poderes falsos así como resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsas, y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos  de la Ley 962 de 2005.

Informes de grafología evidenciaron la falsedad de estos documentos e igualmente de las constancias expedidas por el secretario de Gestión Administrativa de la  Gobernación de Córdoba que indicaban que esas resoluciones estaban debidamente notificadas y ejecutoriadas.

De esta manera los abogados constituían el título ejecutivo y, presuntamente, con la colaboración de funcionarios del juzgado, la juez de ese despacho ordenó el mandamiento de pago contra la Fiduciaria la Previsora y contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dispuso embargarles los dineros que eran inembargables que estaban en cuentas bancarios; decidiendo finalmente la entrega de más de $80.000 millones a los abogados.

Por estos hechos, el Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá libro 22 órdenes de captura, de las cuales 17 fueron materializadas ayer por miembros de la Dijín de Bogotá, durante diligencias de allanamiento y registro, y otras en vía pública, en las ciudades de Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Cereté, Lorica y Montería (Córdoba).

Los indiciados fueron trasladados a la capital del país donde de adelantan las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Entre los detenidos se encuentran abogados y funcionarios del juzgado. Todos serán judicializados por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.